Pocas palabras

El newsletter que analiza la convulsa política ecuatoriana

En días como este, cuesta tener opiniones, comentarios, palabras para describir el país en el que estamos viviendo.

Amanecimos con la noticia de otra masacre: cuatro niños —de cinco meses y de tres, cinco y siete años— fueron asesinados por múltiples impactos de bala la noche del lunes 11 de diciembre. Los padres también fueron heridos. 

La madre está en terapia intensiva y el padre, en condiciones estables, tuvo que enfrentar la peor pesadilla: ir a la morgue a reconocer los cuerpos de sus cuatro hijos asesinados. 

La Policía presume que el ataque iba dirigido a otras personas y que los sicarios “se equivocaron” al disparar contra la familia que tendrá que enterrar a cuatro niños. Cuatro. 

¡Qué doloroso país en el que tenemos que revisar antecedentes penales antes de dolernos por la muerte de otros seres humanos!

Y es absolutamente comprensible que en un país tan abandonado, la reacción más natural sea desear que todos los asesinos mueran en su propia ley. 

¿Qué más se podría desear si el sistema de justicia no funciona y el gobierno no logra tomar decisiones para frenar la violencia?

Cuánto más dolor puede haber en las víctimas y cuánto puede crecer la sensación de abandono estatal cuando, tras una masacre como ésta, el gobierno guarda silencio por horas. Como si la muerte de esos niños no fuese asunto suyo. 

La rabia, el dolor y la angustia se traducen fácilmente en odio hacia aquellos que perpetran crímenes así de brutales. Y eso construye un sentimiento generalizado muy peligroso: la justicia por mano propia. 

Lo vimos en Pelileo, hace pocos días: en una ciudad en la que muchos comerciantes son extorsionados, asaltados y asesinados sin que el estado les ofrezca garantías, los ciudadanos se autoconvocaron en la llamada “marcha por la paz”. 

Esta marcha tenía premisas xenófobas: hubo monigotes —que pretendían representar a los ciudadanos venezolanos—  arrastrados por las calles, en señal de advertencia. 

Esta forma tan violenta de expresarse es el resultado del abandono estatal: una Policía que no actúa con celeridad ante las llamadas de auxilio; operadores de justicia que recomiendan no denunciar porque el peligro de represalias es mayor; y un tejido social roto que intenta cohesionarse buscando un enemigo común: el extranjero, el ajeno. 

Es comprensible —aunque injustificable, por donde se lo mire— que cuando hay varios crímenes perpetrados por ciudadanos extranjeros, la respuesta obvia sea la generalización y la acusación fácil: “todos son delincuentes”. 

Eso es muy peligroso. El sentimiento de odio hacia una nacionalidad se puede esparcir con rapidez, poniendo en peligro a ciudadanos inocentes que llegaron a Ecuador huyendo de una crisis en su propio país. 

Y no podemos olvidar que Ecuador también es un país de migrantes. 

La rabia ante la criminalidad no puede cegarnos a punto de cultivar un odio irracional que derive en más violencia. 

Y para eso, el estado tiene que saldar sus deudas con los ciudadanos. No podemos seguir sumando muertes como si solo se tratase de números y no de vidas humanas. 

Tampoco podemos tolerar más impunidad: acciones tramposas que manipulan la ley para liberar a criminales violentos que, una vez liberados, reinciden, enlutando a cientos de familias ecuatorianas. 

Y sabemos que este no es un trabajo únicamente del Ejecutivo. También hay responsabilidades de los legisladores y del sistema de justicia y deben asumirlas. 

Pero el Jefe de Estado es Daniel Noboa y ya no queda tiempo para que tome acciones concretas y con el sentido de urgencia que el país necesita.

Ser un hombre de pocas palabras, como el Presidente se ha descrito a sí mismo, es válido cuando las acciones hablan con más contundencia que el discurso, pero cuando no lo hacen, el silencio puede entenderse como indiferencia, inoperancia e indolencia. 

Ojalá que este no sea el caso. 

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